EL BONO DEMOGRÁFICO Y LAS JUVENTUDES RURALES EN BOLIVIA*

 

A manera de introducción

 En los albores del siglo XXI, en Bolivia comenzaba a escucharse y conocerse sobre una nueva categoría demográfica que se presentaba como urgente para ser entendida por todas sus implicancias. Nos referimos al bono demográfico que es un proceso poblacional vinculado a la transición demográfica que se presenta como un periodo de tiempo donde la población en edad de trabajar (PET) (entre los 14 y 64 años) es superior a la población dependiente. Esta situación se vincula a la transición demográfica que se trata de un periodo en el que ocurre una explosión demográfica debido a una reducción de la mortalidad y una permanencia alta de la natalidad. No obstante, avanzando en esta transición, la natalidad también empieza a bajar hasta que tanto la mortalidad y natalidad son muy bajos lo cual se va reflejando en el invierno demográfico y posterior envejecimiento poblacional.

 

 Gráfico 1. Etapas clásicas de la transición demográfica. 

FUENTE: Pollero 2020.

 

Entonces, en la etapa intermedia de esta transición demográfica es cuando ocurre el bono demográfico, en la parte más ancha del periodo. Así, Bolivia se encuentra en la etapa intermedia donde la fecundidad todavía supera el reemplazo[i] y conviven áreas urbanas con fecundidad baja y áreas rurales con fecundidad alta (UNFPA, 2026). Con esta información, observamos que los temas poblacionales están fuertemente vinculados a aspectos como el desarrollo donde, además, se incluyen el territorio, derechos, accesos, oportunidades y otros.

 Dentro de lo que corresponde a las etapas del gráfico 1, avanza este proceso hasta el envejecimiento poblacional, que en Bolivia se ha proyectado para el año 2040, aproximadamente. Así, cabe una previa puntualización conceptual que nos permita avanzar en esta reflexión. Primero que este tiempo en el que se da un importante porcentaje de población joven (Población en Edad de Trabajar - PET) se denomina acervo demográfico, que a partir de una serie de medidas gubernamentales y de políticas públicas debería convertirse en el, verdadero, Bono Demográfico (BD) que permita garantizar las mejores condiciones en un largo plazo, justamente, cuando el país ingrese fuertemente al envejecimiento poblacional. No obstante, hacia adelante se utilizará el término bono demográfico, con la salvedad anunciada.

 En base a este primer acercamiento, es importante considerar que la atención, o no, del bono demográfico es determinante para el devenir de una sociedad, prestando especial atención a los temas de estabilidad económica. Sin embargo, desde una perspectiva interseccional, se introducen otros elementos donde podemos mencionar el área de residencia, a decir del contexto rural, que ya demarca otro tipo de desigualdades y problemáticas, a diferencia de quienes viven en contexto urbano. Así, en el presente artículo presamos especial atención a las juventudes rurales vinculadas a este proceso poblacional-demográfico en curso.

 

Sobre las juventudes rurales[ii]

 A partir del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2024, se conoce que Bolivia cuenta con 1.365.333 habitantes[iii], con un equilibrio entre mujeres y hombres que podemos cerrar en el 50%. A este dato general, es importante prestar atención a la denominada urbanización de la población en Bolivia (69% de la población vive en el área urbana, mientras que solo el 31% se mantiene en la rural), vinculada a procesos migratorios que expulsan habitantes desde comunidades, municipios rurales y municipios intermedios, principalmente, acrecentando a los espacios metropolitanos, donde se encuentran Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba. Pero más allá del dato estadístico, por detrás, existen otros factores y estrategias poblacionales que deben ser analizadas, como ser la doble residencia[iv], referida a una dinámica poblacional de ida y vuelta sin dejar despoblada, permanentemente los espacios de origen rural.

 Al circunscribirnos en la población joven que reside en el área rural, esta representa al 17,6% del total rural y solo el 5,5% de la población total del territorio boliviano. No obstante, llevan consigo una serie de demandas y agendas que van posicionándose cada vez más, ante las problemáticas actuales y emergentes, como por ejemplo la crisis climática y la amenaza a los bienes comunes. Así, desde la experiencia de vida en territorio, resulta determinante romper los esquemas y miradas adultocéntricas y, más aún, androcéntricas, que han excluido de las decisiones a importantes sectores como las mujeres y jóvenes que ahora surgen con enfoques innovadores para afrontar las problemáticas comunes.

 Entonces, entre las situaciones adversas que enfrentan las juventudes rurales en la actualidad, podemos identificar:

     Demografía y migración

·         Distribución: Cerca del 72% de la juventud vive en zonas urbanas y el 28% en el área rural. La población rural general ha disminuido a cerca del 31% del total nacional.

·         Emigración: Existe una constante emigración del campo hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades de estudio y trabajo, aunque no siempre es permanente.

     Educación y capacitación

·         Acceso universitario: Solo el 20% de jóvenes del área rural logran ingresar a la universidad en Bolivia.

·         Abandono escolar: El 36% de adolescentes en zonas rurales no termina la secundaria (frente al 13% en zonas urbanas).

·         Analfabetismo funcional: La tasa de analfabetismo funcional en el área rural alcanza al 14,2%, una cifra mucho mayor que en las ciudades.

     Empleo y economía

·         Vulnerabilidad laboral: La gran mayoría de jóvenes rurales trabaja en la economía informal o en actividades agropecuarias de subsistencia.

·         Cambio/crisis climática: Quienes se dedican a la producción agrícola enfrentan una alta vulnerabilidad ante eventos climáticos que afectan sus medios de vida.

 

Con esta información, nos enfrentamos a disyuntivas recurrentes entre la población joven en áreas rurales que pugnan entre afianzar su pertenencia y participación orgánica en espacios locales comunitarios o buscar oportunidades en otros espacios, a partir de procesos de emigración (o desde otra óptica, la expulsión de la comunidad de origen). Así, nuevamente apelamos al enfoque de interseccionalidad para mostrar que las juventudes rurales son afectadas por diversos tipos de desigualdades que ahondan su situación de vulnerabilidad y por tanto requiere una atención diferenciada[v].

 

 Del acervo al bono demográfico

 Con el breve análisis referido a la transición y su relación con el bono demográfico, debemos avanzar el análisis poblacional sobre la importancia de las juventudes[vi] en el proceso poblacional en el que nos encontramos. Así, un primer dato de importancia es que este bloque poblacional, en base a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2024, representa el 65,6% del total, es decir es más de la mitad de las/os habitantes de Bolivia. En otras palabras, podríamos decir que la fuerza laboral con la que cuenta Bolivia, representa un total de 8.150.425 personas (Mujeres: 4.090.864 y Hombres: 4.059.561).

 

  Tabla 1. Población Económicamente Activa (PET), total Bolivia y rural 2024.

 

	Mujeres		Hombres		Total
Bolivia (urbano-rural)	4.090.864	50,2%	4.059.561	49,8%	8.150.425	100%
Rural	1.089.182	46,9%	1.233.111	53,1%	2.322.293	100%

     Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNPV 2024.

 

 Detrás de este dato general, debemos realizar un desglose de la población rural, lo que nos muestra que el 66% de habitantes del área rural se encuentran dentro de la PET, porcentaje similar al total Bolivia. No obstante, mas allá de esta información se deben considerar otros aspectos como ser la Población Económicamente Activa (PEA), es decir la que cuenta con una fuente laboral, donde en el contexto rural el 27% está inactiva (cesante o desempleada). Este dato se debe cruzar con la información de seguridad a largo plazo, vinculada al aporte para la jubilación o contar con un seguro de salud (además del Sistema Único de Salud - SUS).

 Estos elementos son los que nos permiten entender el empleo pleno, también entendido como digno, el que se distancia con otras formas como el subempleo o el informal, los cuales son, precisamente, los que no brindan una seguridad social y puede ampliar brechas de desigualdad alimentando a los círculos de pobreza y situación de vulnerabilidad a estas poblaciones. Como se observa, cuando incluimos un análisis interseccional, se puede ampliar el abordaje de las problemáticas vinculadas a los grupos poblacionales, para nuestro caso de contextos rurales. Es ahí donde se logra identificar, que pese a tenerse un 73 % de PEA en el área rural, esto no garantiza las condiciones necesarias, en relación a la consolidación de un bono demográfico.

 Partiendo de esta situación basada, solo, en criterios estadísticos, se puede constatar que las condiciones en entornos rurales, son adversas y amenazan a su población, donde se suman otras problemáticas a las/os jóvenes que se encuentran dentro de los territorios. Entonces podemos apelar a las organizaciones en las cuales se mantienen lógicas adultocéntricas que relegan a las/os jóvenes a cargos menores o, en el peor de los casos, a una exclusión de formar parte de las instancias de toma de decisión. Todo ello influye en el capital social de las comunidades que pueden verse afectadas, en un mediano plazo, a riesgos de emigración ante un debilitamiento de los tejidos sociales o sentimiento de otredad en el territorio.

 En este cometido, el paso del acervo demográfico hacia el bono, requiere de una serie de medidas promovidas, sobre todo, desde el Estado mediante la aplicación de políticas públicas que, como recomienda UNFPA (2026), promuevan invertir temprano y de manera focalizada. En este sentido, podemos considerar:

    1. Formalización laboral y combate al subempleo

·         Reducir la precariedad: Aunque el país reporta tasas bajas de desocupación, persiste un alto índice de subempleo e informalidad.

·         Cerrar la brecha de género: Impulsar la inserción laboral de las mujeres en sectores estratégicos, ya que su tasa de ocupación sigue más de 10 puntos por debajo de la de los hombres.

    2. Permanencia en el área rural

·         Frenar el despoblamiento agrario: El altiplano y los valles están perdiendo su “mano de obra calificada” debido a la emigración interna. Se deben financiar proyectos de agricultura familiar tecnificada que vuelvan atractivas las parcelas locales.

·         Incentivos regionales: Diseñar planes de desarrollo económico locales que usen los datos censales para retener e instalar capital joven en sus propias comunidades.

 

    3. Educación técnica avanzada e inversión social

·         Ajuste de carreras profesionales: Reformar las mallas curriculares de institutos técnicos y universidades para alinearlas con el potencial productivo local, priorizando la tecnología, las ciencias agrarias y la manufactura.

·         Inversión en la primera infancia y juventud: Garantizar un acceso a servicios de salud, educación y salud sexual reproductiva antes de que la población comience a envejecer.

 

Este tipo de medidas son planteadas desde una mirada universal, aunque siempre resulta prudente tener una propuesta contextualizada, sobre todo cuando se trata de poblaciones rurales, indígenas y campesinas, sumando, además, un enfoque de género e interseccional. Lo aquí presentado se aplica a la etapa intermedia en la que se encuentran países como Bolivia[vii], que progresivamente irá envejeciendo, pero aún se pueden realizar medidas necesarias.

 

 Los horizontes, abriendo brecha

 Cuando planteamos el bono demográfico como marco general de la situación de las juventudes rurales, es importante considerar las problemáticas presentadas, que varían de acuerdo a cada contexto y territorio. Considerando la desatención del Estado y la, casi, nula generación de políticas públicas que atiendan a las juventudes, en el marco del bono demográfico, desde el CIPCA se viene identificando y articulando las demandas que emergen desde los territorios. En este sentido podemos mencionar, como líneas a seguir, los siguientes temas de agenda:

    1. Participación política y liderazgo

• Inclusión de candidaturas en elecciones.
• Participación activa en organizaciones y espacios de decisión.
• Elaboración de leyes municipales de juventud y formación de liderazgos.

     2. Empleo y emprendimiento

• Producción agroecológica y diversificación productiva.
• Acceso a créditos, capacitación y tecnologías.
• Emprendimientos locales y oportunidades laborales dignas.

     3. Medio ambiente y cambio climático

• Gestión del agua y protección de fuentes hídricas.
• Forestación, reciclaje y defensa del territorio.
• Agroecología y saberes ancestrales frente a la crisis climática.

 

Aunque los temas de agenda que las juventudes vienen priorizando en las comunidades tienen mucha relevancia para estas poblaciones, es importante lograr una incidencia hacia instancias de gobierno locales, regionales y nacionales, para que con estos mecanismos se logre generar medidas para aprovechar el bono demográfico. Con lo mencionado, prestar atención a la juventud rural será determinante, más allá del bono demográfico, para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria reconociendo el fundamental aporte de la población indígena y campesina en el abastecimiento de alimentos para las ciudades[viii] y que permiten mantener una calidad de vida a partir de productos diversos y, mejor aún, agroecológicos u orgánicos.

  

*Publicado en CIPCA Bolivia

Bibliografía

Heredia, L. (coord.). (2016). Desdibujando fronteras: relaciones urbanas – rurales en Bolivia. CIPCA.

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2025). Proyecciones de Población, Revisión 2025, en: https://www.ine.gob.bo/index.php/censos-y-proyecciones-de-poblacion-sociales/

Pollero, R. (2020). Transición demográfica. El proceso a nivel global y a nivel nacional, en: https://manualdemografia.cienciassociales.edu.uy/capitulo-5/

 Soliz L. y Fernández A. (2014). Jóvenes rurales. Una aproximación a su problemática y perspectivas en seis regiones de Bolivia. CIPCA.

 Tito C. y Wanderley F. (2021). Contribución de la agricultura familiar campesina indígena a la producción y consumo de alimentos en Bolivia. CIPCA.

 UNFPA. (2026). Análisis de la Situación de la Población (ASP) Regional. Resiliencia demográfica en América Latina y el Caribe. UNFPA

 

 Documentos consultados

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia promulgada el 7 de febrero de 2009.

 Ley N° 342 “Ley de la Juventud” del 5 de febrero de 2013.

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[i] La Tasa Global de Fecundidad (TGF) es el número promedio de hijas/os que nacerían de una mujer al final de su vida reproductiva si se cumplieran las condiciones de natalidad de un año determinado. No obstante, en el área rural esta tasa llega a 2,9, o cual no significa una gran variación en términos generales. Cn esa dinámica proyecta, es posible que se mantenga un crecimiento hasta el 2030, donde empezará el envejecimiento poblacional.

[ii] Aunque la categoría de joven tiene una definición respectiva, para el contexto rural esta varía, por lo que se debe marcar las diferencias necesarias. “Para considerar que una persona es ya joven, las comunidades toman en cuenta el referido conjunto de aspectos, combinados con la edad, temperamento, grado de responsabilidad, poder de decisión y características físicas y biológicas” (Soliz y Fernández, 2014, p. 57).

[iii] En base a proyecciones post-censales del Instituto Nacional de Estadística (INE) Bolivia, para el 2026 la población boliviana se encamina con un crecimiento anual de aproximadamente el 1.3%, acercándose paulatinamente a los 12 millones de habitantes.

[iv] Por otro lado, las fronteras entre ambos espacios se desdibujan debido a las estrategias diversas y combinadas de las actividades económicas y laborales de lo que ha dado en llamarse la pluriactividad. Lo mismo ocurre con el incremento del transporte, el acceso a las comunicaciones y, de forma particular, la conectividad virtual. Otro factor a destacar es el de las estrategias de vida indígenas y campesinas de doble o triple residencia, promoviendo períodos cíclicos de migración temporal entre uno y otro lugar de vivienda y trabajo (Heredia, 2016 p. 183).

[v] En Bolivia, existe la Ley N° 342 “Ley de la juventud” que tiene por objeto garantizar a las jóvenes y a los jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos y deberes. Está dirigida a personas jóvenes de 16 a 28 años de todo el territorio boliviano. Es destacable que dicha norma, atiende de forma explícita a jóvenes rurales bajo los principios de plurinacionalidad y desarrollo productivo. Sin embargo, pese a la existencia de esta ley y otras instancias dirigidas a esta población, aun se tienen grandes brechas desatendidas para este grupo poblacional.

[vi] En el presente artículo se utilizará la categoría de jóvenes y/o juventudes en referencia a la Población en Edad de Trabajar (PET), aunque en términos demográficos la PET, en Bolivia, representa a los grupos etarios entre los 14 y 64 años.

[vii] Dentro de esta etapa también se encuentran Guatemala, Guyana, Guayana Francesa, Haití y Honduras; mientras que el resto de países de América Latina y El Cariba ya están en estadios más avanzados de la transición demográfica.

[viii] Los alimentos que las comunidades indígenas y campesinas generan para proveer a las ciudades llevan, incluso, una subvención que aún no se reconoce en las urbes y que amerita un debate necesario, que se evidencia en estudios como el cuaderno de investigación “Contribución de la agricultura familiar campesina indígena a la producción y consumo de alimentos en Bolivia” (2021).

AGOSTO PARA LOS PUEBLOS

 

En varios países de Indoamérica, el mes de agosto viene cargado de una de las celebraciones rituales más importantes del calendario agrícola. Agosto es el reencuentro y reconocimiento de Pachamama, quien nos permite contar con la productividad en equilibrio y garantizar aspectos determinantes como la seguridad y soberanía alimentaria. Así, durante todo el octavo mes del año, en las comunidades urbanas, y principalmente, rurales se lleva adelante una serie de celebraciones y homenajes a la madre tierra, donde se brindan ofrendas de alimento y fertilidad como una retribución y agradecimiento por los dones de vida que nos brinda permanentemente. Entonces, encontramos lugares sagrados, denominados mojones, apachetas o wak’as, donde se llevan adelante los actos rituales como la corpachada donde se alimenta a la tierra con una serie de elemento simbólicos de fertilidad y fiesta en preparación para el ingreso del tiempo húmedo y la realización de la siembra o el wake. Las celebraciones de agosto, demarcan un tiempo bisagra entre el tiempo seco, que va terminando, y el tiempo húmedo que viene cargado de fertilidad en la tierra y que, también demarca la llegada de la primavera, con toda su carga simbólica.

No obstante, en Bolivia, durante este mes, también tenemos otras fechas sugerentes que podríamos considerar. Primero, se tiene el 2 de agosto, creado como el “Día del indio”, que nos remonta al 2 de agosto de 1937, cuando fue establecido por decreto del presidente Germán Busch para honrar a la población rural, conmemorando la fundación de la escuela de Warisata y la muerte del líder Juan Huallparrimachi. Esta fecha, posteriormente, fue antecedente para llevar adelante políticas como la firma del decreto supremo de la Reforma Agraria, en 1953, denominando el “Día del Campesino”. El año 2007, se promulga el Decreto Supremo No. 29216 que cambia el denominativo por “Día de la Revolución Agraria”. Esto último como un reconocimiento del aporte de la población rural, indígena y campesina, a la sostenibilidad de la producción agrícola además del tiempo en el que se había posicionado a la población indígena y campesina como central para la construcción del Estado y de las políticas públicas, lo cual decantó en la constitución del Estado Plurinacional y todas sus implicancias el año 2009 con la promulgación de una nueva Constitución Política.

 Por su parte, el 6 de agosto, Bolivia recuerda su independencia y fundación como una nueva república, ocurrida en 1825. No obstante, habiendo superado los 200 años, aun se discuten varios aspectos desde una mirada de revisita a esta fecha emblemática para nuestro país. Primero está el hecho de que este momento, solo, representó la emancipación para los sectores de elite dejando de lado a las grandes mayorías poblacionales, a decir de mujeres y pueblos originarios, pese a su aporte fundamental al proceso independentista en la guerra de los 15 años. Así, hablamos del advenimiento del colonialismo interno que, posiblemente, sigue vigente hasta la actualidad. Con este marco, incluso antes de la independencia, ocurrió de forma permanente la búsqueda de autodeterminación de los pueblos en diferentes momentos de la historia republicana (Guerra Federal, Revolución Nacional, Proceso de Cambio). Una lucha histórica que aún está latente y encontró su mayor avance en torno a la nueva constitución política y el Estado Plurinacional.

 Si consideramos estos tres elementos planteados en torno al mes de agosto, podemos notar que existe una constante, la población originaria que constitucionalmente se denomina como Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesina (NPIOC). Observamos que, hasta nuestros días y pese a todos los procesos de intento de abolición y sometimiento, aún pervive el respeto y reconocimiento a deidades ancestrales, celebración de prácticas religiosas, relacionamiento holístico integral y planteamientos sociopolíticos alternativos al modelo de Estado o de desarrollo que emergen desde las comunidades. La vigencia de las NPIOC viene cuestionando al statu quo colonial. Sin embargo, más allá de una propuesta de confrontación, hemos avanzado desde la filosofía de la complementariedad que permita replantear las estructuras de poder en base a un equilibrio, que, además de ser inclusivas, también signifiquen el respeto a la naturaleza en su conjunto, con una mirada integral.

Publicado también en CIPCA

LA CHICHEÑIDAD CONTRA EL REDUCCIONISMO

Del libro "Reformas constitucionales" de Rodolfo Becerra.

Resulta reiterativo, pero necesario, hacer un repaso de lo que representa la Nación Chichas, ya sea en términos históricos, territoriales, culturales e identitarios, principalmente. Así, debemos retomar el antecedente fundamental del alcance territorial de Chichas, que según diferentes investigaciones abarcó, principalmente, las actuales provincias de Nor Chichas, Sud Chichas y Modesto Omiste, en el departamento de Potosí, alcanzando, además, hasta Tarija. Incluso, más allá de los límites nacionales, el territorio chicheño se prolongó hasta la actual provincia de Jujuy, en la Argentina, y la región atacameña en Chile. Con este simple repaso, podemos decir que el denominativo de Chichas se aplica a todas las localidades circunscritas en estos espacios. Lamentablemente, sobre todo con el ingreso del periodo republicano y el advenimiento de los nuevos países, el territorio ancestral se fue secesionando, primero entre tres países diferentes y luego en cinco municipios bolivianos, lo cual terminó afectándonos, no solo espacialmente, sino cultural, identitaria y poblacionalmente. Entonces, además de considerar esta situación divisoria de la Nación Chichas, es importante apelar a la categoría semántica que representa, ya sea Chichas, chicheña/o, chicheñidad, que, con lo antecedido, tiene una amplia representatividad de hecho, más allá de aspectos subjetivos contemporáneos.

Bajo estos antecedentes, es importante analizar el manejo (e, incluso, instrumentalización) que se hace de estos términos en diferentes espacios, donde con mucha ligereza se apela a lo chicheño como bandera de representatividad, que contradictoriamente incurre en un reduccionismo, a un espacio local reducido que es, sobre todo, Tupiza. Así, en los últimos años se ha dado un proceso de “apropiación” de la condición de ser chicheño, asumido como una especie de sinonimia de tupiceña/o, lo cual automáticamente arrebata a otras localidades chicheñas de esta acepción. En este marco, lo más llamativo es que instancias institucionales asumen esta posición, incluyendo, sin reparo, la categoría chicheña en sus denominativos, aunque no necesariamente tengan la representatividad de todo lo que significan los chichas, más allá de un reducido espacio local o municipal.

Al respecto, podemos identificar instancias del Comité Cívico de Desarrollo y Progreso de los Chichas, que en su nombre incluye la palabra Chichas, pero circunscribe su accionar en Tupiza, y más aún solo en el área urbana del municipio. Como se observa, esta institución, creada en 1965, lleva consigo el espíritu de los anhelos chicheños como la autodeterminación, pero, lamentablemente, su alcance no supera un espacio local, bajo el riesgo de apropiación de la condición de chicheñidad en detrimento de los otros cuatro municipios pertenecientes al territorio ancestral. Con estos elementos, sería prudente un nuevo planteamiento de la institucionalidad cívica de Tupiza o, por el contrario, ampliar la representatividad real de esta instancia en un proceso de unificación con los cinco municipios chicheños, que entre sus principales proyecciones considere la reconstitución de la Nación Chichas y el avance hacia la autonomía como bandera histórica de toda la región sureña en búsqueda de la autodeterminación.

Por su parte, en instancias nacionales se encuentra Acción Nacional Chicheña, que hace varios años enfrenta una serie de críticas ante una falta de representatividad de los pueblos chicheños, pese a llevar en su nombre la categoría de Chicheña. Así, se observa que durante varias gestiones existe un monopolio de su dirección que se encuentra, permanentemente, en manos de residentes de Tupiza, sin que se logre una representación plural, como mandan sus estatutos, con presencia, dentro de su directiva, de residentes de Atocha, Cotagaita, Vitichi y Villazón. Asimismo, dentro de su accionar se observa una atención específica, recurrente, a los intereses de un solo municipio, al igual que un seguimiento de su calendario festivo, incurriendo incluso en el reconocimiento de la falacia del 4 de junio como fundación de Tupiza. Así, este accionar se ha reducido a la conmemoración de fechas cívico-festivas, ante una debacle de proyecciones más estructurales que vayan en beneficio de toda la población chicheña, que el estatuto manda a cumplir.

En otro ámbito, la categoría de chicheño también ha diezmado su verdadera representatividad espacial y poblacional, esto en referencia a lo que se denomina como “carnaval chicheño”, que en el último tiempo ha sido mostrado y proyectado como una expresión cultural, solo, de Tupiza. No obstante, es conocido que la danza, al son de las anatas, es interpretada y realizada en lugares como Atocha, Cotagaita, Vitichi, Villazón e, incluso, el norte argentino, donde se realiza su práctica en las comunidades que mantienen aspectos característicos de esta fiesta, a diferencia de las ciudades donde la estilización ha cobrado, y aún cobra, factura. En una proyección fuera del espacio regional, el carnaval chicheño ha cobrado mayor vigencia en diferentes espacios nacionales donde personas no oriundas de los chichas han comenzado a bailar esta danza, en una situación de total despojo del carácter histórico, identitario y político que, por el contrario, siempre, debe estar presente para que esta expresión cultural mantenga toda su argumentación y sustento implícito de su práctica, asociada a la simbología, cosmovisión y el calendario agrícola que explica muchos de sus elementos. en este contexto, lamentablemente, la caja y el erke, también viene siendo minimizado, siendo que estos instrumentos podrían ser considerados más autóctonos de los chichas, pero ese es otro, extenso y complejo, tema para abordar en detalle.

Con lo manifestado, Chichas es más que una categoría o una palabra cosmética y utilitaria; lleva consigo todo un proceso histórico, cultural, identitario y político, entre muchos otros aspectos. Asimismo, es una estrategia de reintegración y reunificación de lo que fue el territorio ancestral de la Nación Chichas que, cuando se utiliza, debe ser la proyección de su verdadera significancia y representatividad. Las/os chichas con todo su bagaje están presentes en todas esas comunidades que se extienden por varios municipios y provincias, cruzando, incluso, fronteras internacionales donde esta herencia se mantiene a la espera de que podamos consolidar el proceso de reconstitución, junto a la autonomía como demanda histórica y permanente de este espacio. Dentro de las comunidades encontramos gran parte de la herencia ancestral, que, pese al paso de la historia, ha sobrevivido y repunta a la espera de un nuevo tiempo donde recuperemos la integración y valía de este pueblo.

LA ACTUALIDAD DE LAS NPIOC*

 

Cuando recorremos los diferentes territorios del país, podemos encontrarnos en el reflejo de sus habitantes. Esta es una perspectiva cotidiana de la realidad poblacional en la que estamos inmersos donde 36 idiomas de la naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC), asumidos como naciones, fueron reconocidos dentro de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, la realidad supera los datos del papel, donde ese número de 36 fue superado por otras naciones que emergen en procesos de reconstitución y reconocimiento, más allá de lo que establece la mirada oficial.

 El año 2025 trajo consigo una serie de aspectos relevantes donde las NPIOC se han visto interpeladas respecto de su relación con el bicentenario de la fundación republicana de Bolivia. Así, el cuestionamiento de que el Estado Plurinacional no forma parte de esta celebración y por tanto se debate el protagonismo de las NPIOC en este evento histórico del devenir (pluri)nacional. Como antecedente, se realizó la publicación de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda donde se conoció que la población que se autoidentifica como parte de una NPIOC ha reducido desde el censo de 2012, cayendo del 41% al 38,7% para el 2024. No obstante, esto también es sujeto de debate, ya que la identidad se complejiza más allá de un criterio de autopercepción y se construye con varios elementos como la cultura, el idioma, el territorio, la autodeterminación y la historia colectiva, entre otros.

 Si bien, en los últimos años, y la consolidación de la plurinacionalidad como estructura estatal en Bolivia, se tuvieron avances importantes, principalmente, en derechos colectivos y territoriales, donde las NPIOC fueron pilares de esa construcción; aun quedan problemáticas sin resolver, las cuales no pierden su carácter estructural. A esta situación se suma un cambio en la mirada política del Estado, donde la representatividad de las NPIOC se ha visto altamente reducida, lo cual incide en la capacidad de coordinar y aportar en políticas públicas asumidas desde el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno.

 Con lo mencionado, el bicentenario de Bolivia llegó con una parafernalia previa y, quizá, innecesaria, donde los problemas estructurales que conciernen a una gran parte de la población, a decir de las NPIOC, aun siguen pendientes con muy pocas perspectivas de ser resueltas y más bien con fuertes amenazas de un retroceso en las victorias logradas. El 2025, año del bicentenario, nos ha permitido dar continuidad al trabajo en los diferentes territorios del país, donde no llegan las luces y celebraciones. Ahí, donde las mujeres y hombres siguen sosteniendo aspecto claves del día a día, también de las ciudades, como la seguridad y soberanía alimentaria, produciendo alimentos que cubren la agrobiodiversidad de los diferentes pisos ecológicos a manera de subvención generalizada.

 Han pasado 200 años y las NPIOC siguen vigentes como antes de la república, desde la resistencia y las agendas propias. Es necesario que recuperemos estas formas de vida, con el respeto por la casa común y los medios de vida, como garantía de subsistencia para nuestra generación y las próximas. El sentido comunitario sigue vigente en estos espacios, pero debemos ampliar esta mirada para que podamos avanzar, en todos los entornos de vida donde cuidemos el bien común recuperando la sabiduría de nuestras y nuestros ancestros.

* Esta crónica fue publicada dentro de la Memoria informe anual de CIPCA 2025.