Dentro de este escenario debemos considerar al suscitado con el sector de personas con capacidades diferentes que están marcando agenda en estos días en la disyuntiva de aprobar un bono que beneficie a esta población luego de un prolongado tiempo de negociación y espera que pasó por la concreción de un Fondo Solidario –con la eliminación del financiamiento a los partidos políticos- que no logró cubrir las demandas de los interesados. Aquí nuevamente nos encontramos en una situación compleja entre las acusaciones, muchas veces, especulativas desde el gobierno y el sector movilizado donde las denuncias de un trasfondo político, partidario, sustenta la movilización pese a los acuerdos alcanzados. Por tanto, se pone sobre la mesa el tema de la redistribución de recursos por parte del Estado hacia los sectores sociales; en el marco de las políticas sociales expresadas en los bonos direccionados hacia sectores vulnerables como la Renta Dignidad , Bono Juancito Pinto o el Juana Azurduy que se viene impulsando en la actual gestión como estrategia del Plan Nacional de Desarrollo.
De esta manera, el ejercicio de la política se va complejizando para el actual gobierno que tiene que lidiar con diversos conflictos que en este último tiempo suman a los indígenas del TIPNIS y el CONISUR, los sectores de educación y salud, y ahora las personas con capacidades diferentes. En este sentido, también se va preparando el proceso de consulta previa para la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Al respecto parece que el gobierno ha optado por la mejor de las salidas viabilizando esta consulta, aunque sea algo tardía, para que por voz propia sean los pobladores de la región los que tomen la decisión sobre su territorio más allá del carácter originario o inmigrante de sus habitantes; y más bien circunscrito a la cualidad de ciudadano boliviano. Sin embargo, con seguridad que desde esta perspectiva seguirán presentándose elementos problemáticos donde nuevamente entran en debate situaciones como el desarrollo, enmarcado en el acceso a mejores condiciones de vida, y la protección del medio ambiente dentro de una crisis ambiental que sufre todo el planeta como consecuencia, precisamente, de un desarrollo arrasador y codicioso alejado de todo respeto por la vida. Entonces, la agenda política que se viene estará marcada por las contradicciones y parecerá un sinónimo de conflictividad en el nuevo reto para el gobierno de Evo Morales por mantener la aprobación y legitimidad en la población boliviana.