Especialistas en
el tema, han calificado a la nueva Constitución Política del Estado boliviano,
como un documento hipercomplejo que encierra na serie de aspectos en el
cometido de responder a diversas demandas históricas, antes poco o nada
atendidas. En este marco el pluralismo es uno de los ejes principales que busca
incluir perspectivas de sociedad donde la participación de los pueblos
indígenas originarios campesinos IOCs, como sujetos históricos, cobran gran
relevancia en este contexto. Así, luego de la Asamblea Constituyente realizada
entre 2007 y 2008, mediante una serie de acuerdos y negociaciones entre
sectores y representaciones político partidarias se logró consolidar la nueva
carta magna del Estado boliviano, constituido principalmente como
Plurinacional.
En este marco,
uno de los debates centrales de la Asamblea Constituyente fue la autonomía como
mecanismo de autodeterminación histórica de los pueblos. No obstante, ante un
cambio en el sistema político y la crisis de los partidos neoliberales
tradicionales de inicios de nuevo siglo, sectores de la oposición retomaron
banderas autonómicas tergiversando las luchas de otros tiempos como la que
promovían los igualitarios a la cabeza de Andrés Ibañez entre otros. Con lo
mencionado, se articuló a sectores opositores con gobernaciones y comités
cívicos de la denominada media luna que, basada en el discurso autonómico,
pretendió generar desestabilización, incluido un intento secesionista. Este
momento de conflicto, dentro del Proceso Constituyente en marcha, fue resuelto,
en parte, con un Referéndum Revocatorio donde con el voto popular se definieron
estos lineamientos. Asimismo, la otra parte fue respondida con el referéndum
aprobatorio de la Constitución Política donde se concretaron cuatro tipos de
autonomías: municipal, departamental, indígena originaria campesina y regional,
esta última algo cuestionable.
Han pasado,
aproximadamente, 12 años desde la promulgación de la nueva Constitución
boliviana, que presenta al Estado boliviano como unitario con autonomías, pero
parece que los distintos niéveles autonómicos no han tenido mayores avances en
su profundización, exceptuando, tal vez, la municipal que ya venía de un
proceso previo de los años ’90 con la participación popular y la
descentralización. Ahora, con nuevos actores políticos, y pasado un gobierno
transitorio inconstitucional y autoproclamado, se comienzan a levantar voces de
federalismo, nuevamente desde los intereses locales ante la denuncia de un
centralismo que no logra permear a las regiones, como un lastre de la gestión
pública histórica, que sirvió en varios momentos para buscar el cambio de la
estructura estatal, como lo ocurrido en 1899 con la denominada Guerra Federal,
que solo logró el cambio de la sede de gobierno. Entonces, la demanda de
federalismo cae en un sinsentido, ya que, al encontrarnos en un Estado con
autonomías, las autoridades departamentales no han logrado avances importantes
al respecto, por lo que virar hacia el federalismo requiere de una mayor
capacidad de gestión en estos gobiernos subnacionales, cosa que hasta ahora no
ocurrió. Por otra parte, en medio de la coyuntura política actual, la bandera
federalista parece ser un simple pretexto para conflictuar el país que todavía
no sale de las crisis: política (2019), económica (2020) y de salud (2020) que
quedan como secuelas de lo ocurrido luego de las elecciones nacionales del 2019
con sus nefastos efectos, sobre todo, en los ámbitos antes descritos.
En último caso,
es posible que, si se continúa con el debate sobre el federalismo, será
necesario y prudente pensar un Federalismo Indígena Originario Campesino,
retrotrayendo la Federaciones y Confederaciones existentes hasta tiempos de la
colonia, junto a los Ayllus y Markas como formas organizativas y
administrativas en el marco de la autodeterminación de los pueblos.
