SOCIEDAD SIN REGLAS

El paso del estado de naturaleza hacia el estado de derecho surge a partir de una necesidad histórica donde los grupos sociales van a requerir una entidad superior que regule el accionar del colectivo comenzando por el respeto de algunos “derechos” o poner límites a los excesos de unos contra otros en la lógica la ley del más fuerte. Con este avance se van a ir constituyendo gradualmente los diferentes Estados, dependiendo de teorías variables pero que tienen un mismo objetivo, y la sociedad le otorgaría un poder para la toma de decisiones siempre velando por el bienestar común. Posteriormente, se iría trabajando aspectos como la democracia junto a los derechos y deberes ciudadanos para que éstos sean fundamentos del régimen democrático vigente hasta la actualidad. Así, encontramos diferentes enfoques teóricos para interpretar a la democracia que en la mayoría de los casos ha sido aceptada como la mejor forma de convivencia y procedimiento para la administración del aparato público expresado en los niveles de Estado.

            En el caso boliviano aún estamos bordeando los 30 años en democracia donde todavía se siguen estableciendo las bases que sustenten este modelo que ha pasado, sobre todo, del neoliberalismo hacia algo todavía no muy específico como el denominado socialismo comunitario, propugnado por el actual gobierno. Dentro de este proceso hubo cambios importantes que han cuestionado a la estructura estatal y su forma de administrarla y gestionarla. Por este y muchos otros motivos se ha profundizado la descentralización con la inclusión de cuatro tipos de autonomías dentro de la Constitución Política que han otorgado nuevas competencias a las Entidades Territoriales Autónomas. En este contexto, las últimas semanas han suscitado diferentes conflictos y movilizaciones protagonizadas por diversos sectores que sustentan sus manifestaciones, sobre todo, contra reglamentaciones a su gremio. Con esto, se ha generado un escenario cargado de diversas demandas para abrogar, ya sean, Leyes o Decretos. Así, podemos mencionar, solo como muestra de la variedad de protestas similares de esta última etapa bajo esta misma causal, la del sector de salud y de los transportistas en La Paz; donde los primeros se oponen al Decreto Nº 1126 que amplía la jornada de trabajo a ocho horas y los otros contra la “Ley Municipal de Transporte y Transito Urbano” promulgada por el Municipio de La Paz.

            Con estos dos casos nos encontramos con actores diferenciados pero que tienen un punto de encuentro, al igual que gran parte de los sectores sociales, el cual es el oponerse al intento por reglamentar o regular su trabajo y mejores condiciones para los usuarios. Bajo este marco, más allá de los matices políticos y de intereses en juego de uno u otro lado, parecería que la sociedad boliviana está acostumbrada a hacer un abuso del libre albedrío y cuando la entidad mandada por Ley a normalizar sus funciones se presenta una reacción inmediata en contra para mantener un orden establecido donde se recrea, lo que creímos superado, con la ley del más fuerte. De esta manera, ingresamos en un punto conflictivo donde se comienzan a medir fuerzas lo que conlleva la exigencia del respeto a mis derechos vulnerando los derechos de los demás; siendo lo esperado dentro de un estado de naturaleza. Aquí todos quieren sacar la mejor tajada y la pugna de intereses se incrementa hasta límites irracionales que llevan forzosamente a los enfrentamientos y el uso de la fuerza. Entonces se van conformando escenas performativas de lucha en las calles que parecen obras de teatro donde los papales suelen cambiar creándose enemigos imaginarios, que posiblemente en un futuro serán aliados; claro dependiendo de las circunstancias. Por tanto, para la democracia y sus actores está pendiente un mecanismo que permita una salida efectiva mediante la transformación de los conflictos de manera permanente; y de forma complementaria debemos ir asumiendo la cultura de paz como pilar de nuestra cultura política.