En los últimos días se ha levantado un tema a nivel internacional que fue cobrando un matiz de polémica sobre todo a partir de los medios de comunicación que pretenden cuestionar la salud del Presidente venezolano Hugo Chávez. De esta manera el pasado 10 de enero debía realizarse el acto de posesión como Presidente en esta nueva gestión consecutiva, ante lo cual se tuvo una ausencia física del elegido en los últimos comicios generales. A partir de esta situación, los sectores opositores fueron planteando interrogantes y mecanismos de inconstitucionalidad para la figura que se aplicó donde el Tribunal Supremo de Justicia otorga al Presidente Chávez un plazo ilimitado para poder jurar en el primer cargo político de Venezuela. Asimismo, uno de los factores más relevantes, fue la masiva concurrencia, en esta misma fecha, a una convocatoria en defensa de la Constitución Bolivariana elaborada mediante un proceso Constituyente hace algún tiempo atrás. De esta manera, además de plantearse las figuras legales entra en juego la legitimidad que solo el pueblo puede otorgar a un proceso político que se mantiene vigente hace 14 años.
Frente a esta situación en Venezuela, encontramos un parangón con lo sucedido en Bolivia ya que a partir del año 2005, y después de un largo proceso histórico de luchas sociales, se comenzó a realizar cambios en la estructura del mismo Estado que había quedado caduco para la realidad actual, entramada en la compleja configuración social desarrollada en nuestra historia. En una primera etapa se tuvo que cuestionar la organización jurídica, que claramente arrastraba la herencia colonial. En este sentido, podemos considerar lo que se denomina como anticonstitucional como una doble trampa que pone un candado ante el cual no se tenga posibilidades de cambio desde la perspectiva jurídica. A raíz de esta situación ingresa la legitimidad como estrategia popular con lo cual se pueda interpelar este orden establecido. Por tanto, se presentan la legitimidad y la legalidad como opciones del cambio donde en el mejor de los casos puede combinar ambos o por lo menos uno precede al segundo, es decir pasar de la legitimidad a la legalidad como proceso revolucionario.
Con estos antecedentes, en los últimos años Bolivia y gran parte de los países sudamericanos se han introducido en una democracia de alta intensidad caracterizada por un interés por participar en los procesos sociopolíticos de gran parte de la población donde una mayoría se adhirió ala propuesta progresista y propositiva. Dentro de este panorama, podemos tomar en cuenta aspectos como la integración que esta vez toma otras características en cuanto a las Relaciones Internacionales donde los discursos se alinean en otra perspectiva que busca los cambios y la eliminación de las desigualdades históricas. En la actualidad, la cultura política ha cambiado considerablemente y la ciudadanía se va alejando poco a poco de prácticas como el prebendalismo electoral con lo cual se va madurando una conciencia política que ha sido parte importante de los cambios ocurridos en nuestro país, y la región. El Proceso de Cambio es el resultado de la legitimación otorgada por la población, la misma que luchó por conseguir estas condiciones; por tanto solo en estos cimientos se encuentra la capacidad de reconocer o no a un Presidente que encabeza un determinado proceso político como lo viene demostrando el pueblo sudamericano.
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