Dentro del escenario de conflictos al que parecemos habernos habituado y
acostumbrado, aunque sea a fuerza de la imposición, he aquí los más
actualizados. En primera instancia, fuimos sorprendidos por el denominado motín
policial, agudizado por el discurso gubernamental que adhirió el duro concepto
de golpe de Estado. El mismo, llegaba a la sombra de lo antecedido en Paraguay
donde se destituyó al Presidente Lugo con una estrategia parlamentaria muy
censurable por la participación de los colorados en alianza con el partido
conservador, dándonos una nueva muestra del riesgo de las izquierdas en la
historia política latinoamericana. Así, dentro del aspecto simbólico resultó
llamativa, también, la mano derecha extendida de los miembros del gabinete
posesionado por el “Presidente” Franco como una muestra directa de la posición
política que asumirá esta nueva gestión.
Con este marco
contextualizado de afuera hacia adentro, las lecturas políticas iban fluctuando
entre la defensa de las reivindicaciones, justas, de los policías movilizados,
o amotinados, y las visiones que manifestaban el intento de golpe como un
riesgo para el país y la democracia boliviana como un llamado a la unidad en
nombre del estado de derecho. A esto se sumaron las acciones contraproducentes
de los amotinados cuando hicieron uso de la fuerza y la violencia injustificada
provocando desmanes contra instituciones y la población, incluyendo los infiltrados.
De esta manera se pone en duda las características esenciales para un miembro
encargado por precautelar por el orden y la seguridad interna en Bolivia y más
bien generando espacios de inseguridad donde reinaba la ley del más fuerte.
Pero más allá de este alcance, las ciudades lograron seguir con lo cotidiano
sin, casi, ninguna novedad relevante que demuestre la ausencia de los policías.
Con el paso de los días
y el rechazo al primer acuerdo logrado con sus representantes, se sumó la
llegada de la IX Marcha en defensa del TIPNIS que brindó al discurso oficial
mayores argumentos para propugnar el intento golpista del verde olivo en
alianza con otros sectores y algunos partidos opositores. Entonces el reloj
comenzó a marcar el tiempo para el logro de un acuerdo aceptable porque los
marchistas ya estaban en el ingreso a la ciudad de La Paz, quienes dieron un
día más para que el gobierno logre solucionar el conflicto policial y que se
deseche la hipótesis del golpe o por lo menos de un complot Policías-indígenas.
Con estos elementos, nuevamente, se generó un escenario performativo donde
horas después del acuerdo logrado entre gobierno y policías, los segundos
estaban resguardando la Plaza Murillo para que los marchistas no puedan
ingresar a la misma. Con lo sucedido pudimos tener una réplica, diferenciada,
de lo ocurrido el 2003 donde el objetivo fue sumando a los sectores sociales y
lograron la destitución del entonces Presidente Sánchez de Lozada; pero al
parecer lo ocurrido en 2012 fue producto de problemáticas no resueltas por
varias gestiones donde se logren mejores condiciones para los Policías que como
el resto de la población necesitan cubrir necesidades básicas propias y
familiares. En este sentido, lo mejor para todos es que el denominado golpe de
Estado haya sido solo una estrategia discursiva del gobierno y que no se haya
vuelto realidad luego de los antecedentes de Honduras y Paraguay a la espera de
que las disputas políticas se planteen dentro de dos años en un escenario
electoral y sean resueltas por decisión libre de los ciudadanos mediante el
voto como única salida.
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