El 9 de abril de 1952
la sociedad boliviana vivió un proceso político que buscó concretizar cambios
profundos en el sistema y la estructura estatal habiéndose logrado la
Revolución Nacional, que fue gestada y ejecutada desde los sectores sociales.
Todo este escenario se generó, sobre todo, después de la Guerra del Chaco donde
ocurrió un reencuentro y reconocimiento entre la población boliviana, a decirse
de oriente, valles y occidente. Así, se conformaron cuatro partidos de
importancia bajo las siglas de POR, PIR, MNR y FSB; que encontraban similitud
bajo la fuerte tendencia nacionalista que había dejado como resultado la pasada
contienda bélica con Paraguay. En este sentido, la corriente nacionalista
marcaba los caminos de la política y de los objetivos que se pretendía obtener
a futuro fortaleciendo diferentes características ya sean desde el Estado y los
propios imaginarios sociales, que no obstante cayeron en una riesgosa búsqueda
de homogeneización que trajo secuelas posteriormente.
Con el transcurso del tiempo, el
programa del MNR se fue redireccionando hacia caminos contradictorios, dejando
de lado los importantes avances y logros de la Revolución del ’52 que más bien
fue (re)tomando lineamientos neoliberales que transitaron por un periodo de
dictaduras y culminaron en una crisis profunda en 2003. Así, con el paso de los
años lo que había quedado pendiente, o había sido traicionado, se fue retomando
desde los movimientos indígenas y campesinos, principalmente, que a su vez se
constituyeron en actores predominantes en el cuestionamiento a las
desigualdades sociales y económicas promovidas por el sistema político y un
Estado elitista y poco incluyente. De esta manera, la gestación y maduración de
un nuevo proceso revolucionario fue irreversible esta vez bajo el denominativo
de “proceso de cambio” que en algunos aspectos parece la continuidad del ’52
pero con avances significativos en base a las condiciones actuales y los nuevos
actores sociales que forman parte del nuevo escenario de influencia política.
En este sentido, el actual proceso
de cambio cuenta también con una fuerte tendencia nacionalista que ha
fortalecido al Estado y a la sociedad en varios aspectos a partir de políticas
públicas con el sesgo del socialismo comunitario que busca principalmente
reducir las desigualdades históricas entre sectores, revalorizando estructuras
y prácticas de los pueblos en un proceso de descolonización, planteado como
otro de los pilares del actual gobierno. De manera adicional, esta vez la
búsqueda del fortalecimiento nacional se plantea mediante el reconocimiento y
articulación estructural de lo plurinacional, es decir de las naciones
originarias que permanecen vigentes hasta nuestros días anulando así el error
homogeneizador del ’52 y más bien respetando la pluralidad. No obstante, a la
par se impulsa un proceso complementario que busca afianzar alianzas de
integración en la región entre países vecinos, que casualmente viene acompañada
de una corriente de gobiernos progresistas y con sesgos izquierdistas que
permiten estos acercamientos. De esta forma, si bien se tiene una corriente (pluri)nacionalista
resulta novedosa la articulación de políticas que trabajen desde lo nacional,
plurinacional e internacional planteándose nuevos paradigmas en cuanto a la
forma de gestionar la política y las relaciones, tanto internas como externas. Por
tanto, se realizan avances sugerentes en cuanto a madurez política de los pueblos
que se van alejando de corrientes ortodoxas que veían como naturalmente
opuestas las visiones del nacionalismo y el internacionalismo.
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