CULTOS Y RACISTAS EN LA HISTORIA

El 24 de mayo del año 2008, Bolivia vivió uno de los acontecimientos más reprochables de los últimos tiempos donde en la ciudad de Sucre se humilló de la peor manera a un grupo de campesinos, en plena plaza principal. En este hecho fueron protagonistas estudiantes universitarios, dirigentes cívicos y sectores políticos opositores que lograron persuadir, junto a las campañas de desinformación de los medios locales, a otro grupo reducido de la población para que se manifieste de esta manera. Este escenario se desarrolló, todavía, bajo el marco de la Asamblea Constituyente donde los ánimos se habían exacerbado de tal forma que tuvieron que suceder este tipo de acaecimientos. En este sentido, debemos considerar algunos elementos que nos permiten dar un paseo por las lógicas sociales construidas bajo la herencia del colonialismo interno que fueron, y son, sustento de la discriminación y racismo que todavía estamos tratando de erradicar como país.

            Con la crisis del modelo neoliberal, entre el año 2000 y 2003, la sociedad boliviana ingresó en un proceso de interpelación que llegó hasta las estructuras estatales y trascendió hasta otras esferas, más subjetivas, que se mantenían bajo un orden establecido que parecía legítimo pero que ocultaba debajo una deuda histórica de desigualdades sociales, políticas y económicas. Bajo esta línea cronológica, el Movimiento Al Socialismo (MAS) lograría la victoria con el 53,74% en las elecciones generales del año 2005 siendo un precedente de apoyo democrático legitimado por el pueblo y que a su vez cuestionaba a los partidos tradicionales del anterior sistema político. Este fue uno de los comienzos para que las expresiones de racismo y discriminación cobren su vigencia, anteriormente disimulada, que se mezclaron y camuflaron con temas políticos. Pero, lo que en verdad se vislumbró fue la tradición jerárquica y excluyente de la sociedad boliviana que había sido respaldada por el sector político elitista hasta nuestros días. Contrariamente, los sectores de oposición expresaron que este era producido por el gobierno quien era el causante de esta situación; que no obstante solo significó sacar a la luz una verdad clandestina y entroncada en los imaginarios sociales de nuestra población.

            Ahora, dentro del proceso constituyente, se asociaron dos conceptos que aparecen como sinónimos: lo culto y el racismo ya que son precisamente los seudo academicistas quienes enaltecen acciones racistas, realizadas por ellos mismos en una falsa idea de superioridad sobre el otro (campesino e indígena) quien refleja una, no muy ajena, realidad familiar que responde a estas características para gran parte de la población boliviana. Así nuevamente emergen las estructuras mentales de ese colonialismo al que pretendemos seguir manteniendo, esta vez desde la sociedad civil, creyéndonos el cuento de las tradiciones aristocráticas bajo la sombra del ser culto frente al ignorante. Después de 4 años de lo sucedido en la ciudad blanca debemos tomar las lecciones aprendidas, alejados del calor político, y que nos sirvan para ir cambiando esta forma de ver el mundo y de reconocernos como sociedad, además de debatir y dialogar de manera frontal y abierta sobre este tipo de problemáticas como son el racismo y la discriminación para que las mismas sean superadas de manera colectiva. Ha pasado el tiempo y los conceptos se van replanteando y resignificando en base al contexto actual y el “Pueblo Enfermo” de Alcides Arguedas ahora parece representar a otros sectores de la población y las patologías manifiestas son nuevas para considerarlas y tratarlas desde todas las esferas sociales, políticas y, hasta, jurídicas. Por tanto, al encontrarnos en este momento constitutivo los cambios deben trascender lo político y lo estatal, siendo su contraparte un cambio desde el individuo quien se refleja en la sociedad y es el que otorga, en última instancia, el poder al sector político en una práctica recurrente y dialéctica.

OFICIALISTA U OPOSITOR

Con el establecimiento y reconfiguración del nuevo mapa político y considerando el recambio del devenir de los actores principales, el escenario se ha mostrado polarizado en cuanto a la posibilidad de elección para pertenecer a un lado o al otro. Así, luego de la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS), este partido fue tomando fuerza progresiva y sumatoria en los sucesivos eventos electorales donde el apoyo ciudadano se plasmó en la votación a favor de esta opción política. En este contexto en la actualidad el MAS ha llegado a tener el control de gran parte de la administración pública, en los distintos niveles de gobierno, desde el nacional hasta los locales. Dentro de este proceso se encuentra otra parte importante de su capacidad expansiva por tener el control del poder estatal lo cual, contradictoriamente, está llevando a un desgaste en la gestión con varios momentos que ha tenido que superar con movilizaciones y demandas sociales.

            Por el otro lado, se encuentran los partidos de oposición que parecen haberse atrincherado en acuerdos coyunturales, para encontrar ahí la fortaleza que el apoyo ciudadano les ha quitado. Esto a raíz de una clara incapacidad de innovación en sus propuestas hacia la población y que respondan de manera apropiada a las principales necesidades de la gente. Asimismo, traen por detrás una herencia negativa de anteriores gestiones donde han dejado marcadas sus malas políticas públicas bajo la sombra del neoliberalismo rechazado por completo en octubre de 2003. En este mismo punto se debe considerar a sus líderes que han atomizado el apoyo popular, dentro del mismo grupo opositor, con lo que se tiene una variedad de cabezas pero no de una que sea representativa y que aglutine a este sector político. No obstante, en algunos casos se ha visto la adaptación de la estrategia “todos contra uno” para lograr cooptar algunos espacios de poder, como ahora se propugna para el Departamento del Beni; aunque este tipo de maniobras no dejan de ser pasajeras y rendirán su examen final el momento de las elecciones generales donde todos quieren la mejor parte.

            Con estos dos polos identificados, dentro del discurso político actual (oficial o no) viene siendo una costumbre el tildar a las personas como oficialista (masista) u opositor por alguna actitud o manifestación pública que tenga la persona. De esta forma se hace un reduccionismo en cuanto a la complejidad de situaciones existentes en el tablero político ideológico que se han sometido bajo dos grupos que en muchas veces no se encuentra alguna representación. Sin embargo, cuando nos alejamos de esta directa relación con un partido político encontramos que en temas programáticos y de negociación de intereses existe un divorcio con preferencias políticas y solo cuenta el lograr beneficios sectoriales, o personales; lo que queda claro al observar las acusaciones que se realizan entre unos y otros, los cuales en otro espacio se toman de la mano para firmar acuerdos. O en otro nivel, viendo a los estudiantes universitarios que dentro de las universidades tienen como su antagonista principal a sus autoridades, docentes y administrativos; pero que cuando se trata de tomar partido en intereses económicos sus diferencias irreconciliables han desparecido mágicamente para marchar codo a codo. Entonces, dentro de este contexto, mientras existan estos dos polos, creados forzosamente, la población tendrá que cuidarse en todo momento de emitir criterios públicos para evitar ser oficialista u opositor mucho más si quiere mantenerse aséptico de esta raza ajena a la naturaleza humana y más bien circunscribirse a los acuerdos en “beneficio” del gremio colectivo.

SOCIEDAD SIN REGLAS

El paso del estado de naturaleza hacia el estado de derecho surge a partir de una necesidad histórica donde los grupos sociales van a requerir una entidad superior que regule el accionar del colectivo comenzando por el respeto de algunos “derechos” o poner límites a los excesos de unos contra otros en la lógica la ley del más fuerte. Con este avance se van a ir constituyendo gradualmente los diferentes Estados, dependiendo de teorías variables pero que tienen un mismo objetivo, y la sociedad le otorgaría un poder para la toma de decisiones siempre velando por el bienestar común. Posteriormente, se iría trabajando aspectos como la democracia junto a los derechos y deberes ciudadanos para que éstos sean fundamentos del régimen democrático vigente hasta la actualidad. Así, encontramos diferentes enfoques teóricos para interpretar a la democracia que en la mayoría de los casos ha sido aceptada como la mejor forma de convivencia y procedimiento para la administración del aparato público expresado en los niveles de Estado.

            En el caso boliviano aún estamos bordeando los 30 años en democracia donde todavía se siguen estableciendo las bases que sustenten este modelo que ha pasado, sobre todo, del neoliberalismo hacia algo todavía no muy específico como el denominado socialismo comunitario, propugnado por el actual gobierno. Dentro de este proceso hubo cambios importantes que han cuestionado a la estructura estatal y su forma de administrarla y gestionarla. Por este y muchos otros motivos se ha profundizado la descentralización con la inclusión de cuatro tipos de autonomías dentro de la Constitución Política que han otorgado nuevas competencias a las Entidades Territoriales Autónomas. En este contexto, las últimas semanas han suscitado diferentes conflictos y movilizaciones protagonizadas por diversos sectores que sustentan sus manifestaciones, sobre todo, contra reglamentaciones a su gremio. Con esto, se ha generado un escenario cargado de diversas demandas para abrogar, ya sean, Leyes o Decretos. Así, podemos mencionar, solo como muestra de la variedad de protestas similares de esta última etapa bajo esta misma causal, la del sector de salud y de los transportistas en La Paz; donde los primeros se oponen al Decreto Nº 1126 que amplía la jornada de trabajo a ocho horas y los otros contra la “Ley Municipal de Transporte y Transito Urbano” promulgada por el Municipio de La Paz.

            Con estos dos casos nos encontramos con actores diferenciados pero que tienen un punto de encuentro, al igual que gran parte de los sectores sociales, el cual es el oponerse al intento por reglamentar o regular su trabajo y mejores condiciones para los usuarios. Bajo este marco, más allá de los matices políticos y de intereses en juego de uno u otro lado, parecería que la sociedad boliviana está acostumbrada a hacer un abuso del libre albedrío y cuando la entidad mandada por Ley a normalizar sus funciones se presenta una reacción inmediata en contra para mantener un orden establecido donde se recrea, lo que creímos superado, con la ley del más fuerte. De esta manera, ingresamos en un punto conflictivo donde se comienzan a medir fuerzas lo que conlleva la exigencia del respeto a mis derechos vulnerando los derechos de los demás; siendo lo esperado dentro de un estado de naturaleza. Aquí todos quieren sacar la mejor tajada y la pugna de intereses se incrementa hasta límites irracionales que llevan forzosamente a los enfrentamientos y el uso de la fuerza. Entonces se van conformando escenas performativas de lucha en las calles que parecen obras de teatro donde los papales suelen cambiar creándose enemigos imaginarios, que posiblemente en un futuro serán aliados; claro dependiendo de las circunstancias. Por tanto, para la democracia y sus actores está pendiente un mecanismo que permita una salida efectiva mediante la transformación de los conflictos de manera permanente; y de forma complementaria debemos ir asumiendo la cultura de paz como pilar de nuestra cultura política.

ROSTROS DEL TRABAJO

Una de las principales demandas que presenta la sociedad civil hacia instancias gubernamentales, o el Estado, es una mejora en cuanto a las condiciones laborales. En este sentido, al llegar al mes de mayo, estas manifestaciones incrementan su potencia por el recordatorio del primero de mayo como Día Internacional del Trabajo, donde la temática nuevamente sale a relucir entre un sin fin de peticiones. Dentro de este marco, para nuestro país, la Central Obrera Boliviana es la abanderada por esta lucha en defensa de los sectores laborales, aunque fundamentalmente asalariados donde se ha aglutinado a un importante número de grupos dependiendo de los momentos históricos establecidos. En esta línea tuvo una mayor o menor representatividad como actor político en la capacidad de negociar las exigencias del sector frente a los gobiernos de turno. Así, se convierte en un agente estratégico, y solo circunscribe su lucha de manera fortalecida, cuando se trata de debatir respecto al incremento salarial anual en relación al nivel inflacionario.

            Sin embargo, debemos asumir a la problemática del trabajo como algo muy amplio y con aristas lo cual supera el aspecto salarialista correspondiendo más bien a una mayoría de la población económicamente activa que alterna entre diversas actividades que se encuentran, sobre todo, dentro de la economía informal que encierra a alrededor de 2,9 millones de bolivianos. Entonces, debemos establecer una relación con características como el subempleo presente, mayormente, en las principales ciudades capitales del país. Este tipo de actividades se van asumiendo como estrategias económicas de la población frente a una debilidad y carencia de trabajos formales o estables, que obligan a recurrir a otras fuentes para poder subsistir en el día a día. Esta situación del desempleo se viene arrastrando desde los años ’90 por lo que con el transcurso del tiempo se ha convertido en algo estructural que responde a diferentes causas y coyunturas, entre éstas el aparato productivo debilitado por malas gestiones gubernamentales.

            Con este tipo de particularidades, que llevan consigo otras líneas de análisis nos enfrentamos a una problemática permanente y vigente durante todo el año donde se va lidiando entre el desempleo, el empleo informal, la inestabilidad y otras formas de trabajo que pueden convertirse en una incertidumbre latente. Frente a este panorama cabe preguntar sobre la mejor estrategia que no lleve, como país, a dar solución a este problema estructural que requiere de la participación de los diferentes sectores productivos, aun más allá solo del Estado como el único benefactor para la población. Por otra parte, también se asocian las formas de percibir el trabajo por parte de la sociedad, a la espera de que los niveles estatales sean los únicos en plantear soluciones, y sin que esto signifique eludir la responsabilidad de brindar mejores condiciones de manera general en el marco de sus competencias constitucionales. Lamentablemente, el trabajo, sea cual fuere su condición, es algo prioritario de la existencia misma para todos, por lo cual es la base de la supervivencia diaria para cada individuo por lo que el mes de mayo no debe ser el único pretexto para tratar el tema sino que corresponde asumirlo como una de las grandes tareas pendientes por resolver desde todos los niveles estatales, productivos y de la sociedad civil a partir de lo cual también se reduzcan las desigualdades sociales que tienen como punto de partida a la economía.