En anteriores periodos electorales llevados
adelante en nuestro país era muy recurrente encontrar mecanismos para
direccionar el voto hacia uno u otro partido o candidato; desde este sentido,
el clientelismo y la prebenda eran factores que se solía aplicar para trata de
convencer a los electores. Así los regalos llevados, principalmente, hasta las
comunidades se materializaban en objetos como gorras o abarrotes, situación que
se replicaba con el paso de cada uno de los candidatos lo cual significaba el
abastecimiento de las despensas de los beneficiados por estas prácticas
electoreras. Paradójicamente, los resultados no siempre fueron los más esperados
porque llegadas las elecciones solo uno de los partidos benefactores era el
ganador con datos que lanzaban porcentajes, generalmente, menores al 30% de la
votación y que a final de cuentas el Congreso era el que definía, en base a
acuerdos, quién se quedaría con la presidencia de la República. De esta manera,
el voto popular quedaba en entredicho por la poca claridad de la elección
realizada.
Otro
de los aspectos cuestionables era la demagogia como principal argumento de
campaña que era demostrada por el paso de uno tras otro partido en el gobierno
que al final de cuentas no concretaba las promesas hechas con lo cual la fe en
el ejercicio de la democracia iba en declive además del aumento en el
desinterés por la función de gobierno para una mayoría de la sociedad civil.
Con estos elementos, el alejamiento entre el Estado y la población parecía
ampliarse aspecto que iba en detrimento de la misma democracia como ejercicio
del poder que era reducido al simple momento de sufragio y después nuevamente
la ruptura. De esta manera, el ingreso al periodo democrático fue superando
etapas teniendo como principal impulso la amenaza del régimen dictatorial del
cual pretendemos alejarnos lo más posible en el intento de mantenernos dentro
de la libertad y el ejercicio de los derechos que implica este periodo en el
que todavía nos mantenemos.
Como toda
necesidad social y política, desde el año 2000, principalmente, y antecedida
por una continuidad de movilizaciones y manifestaciones de diferentes y
múltiples sectores se fue interpelando la cualidad del sistema de partidos que
cargó con todos esos problemas antes mencionados para tratar de modificar los
mecanismos de elección democrática en el país. Entonces, el proceso
constituyente y la nueva Constitución Política fue uno de los más
significativos avances que junto a la movilización de 2003 terminó de anular
este viejo régimen de partidos además del mismo sistema democrático boliviano. De
esta forma, al parecer, el pueblo viene alcanzando una madurez política que no
responde mecánica o clientelarmente a uno u otro partido sino que el voto es
algo más importante el cual, además, se prolonga durante toda la gestión con
mecanismos participativos y de control social más reales que líricos. Así la
sociedad civil asume el rol de actor social y político fundamental para
garantizar la gobernabilidad en el Estado y todos sus niveles de gobierno. En
las actuales elecciones, se presenta un nuevo reto que se expresa en la
necesidad del voto informado que implica un mayor compromiso con el acto del
sufragio que se aleje de la simple mecanicidad u obligación y más bien sea un
acto responsable del ejercicio de los derechos políticos de cada ciudadano y
ciudadana en el país. Nos aprestamos a una elección determinante donde se pugna
la continuidad del denominado “proceso de cambio” o un viraje radical en cuanto
al tipo de gobierno pero que con seguridad no podrá desechar los grandes
avances logrados en este último periodo en el intento de mantenernos en
democracia. El voto informado debe ser el principal motivador de la decisión
para este 12 de octubre porque además, así, somos los gestores de acciones
tomadas en un momento dado y donde la ignorancia no será óbice para librarnos
de culpas o responsabilidades.
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